Esta Ley tiene por objeto: reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, conforme a los principios y términos previstos en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano forma parte.
Le presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que realicen, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y Paraestatales; el Poder Judicial del Estado de Jalisco; el Poder Legislativo del Estado de Jalisco; la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
El presente Código de Conducta, es un instrumento normativo que establece principios y valores que guían la conducta de los servidores públicos de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, busca ser una guía esencial, una referencia y un apoyo en la toma de decisiones; así como para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción.
El Congreso del Estado decreta: se expide el Código de Asistencia Social; reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, del Código Fiscal del Estado de Jalisco y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y establece las bases para la liquidación y extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social.
La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
