Promover, orientar y organizar la participación activa y permanente de la población beneficiaria de programas, obras y acciones en pro del desarrollo social en tareas de control y vigilancia, así como propiciar el desarrollo y consolidación de mecanismos para la atención, seguimiento y resolución de quejas y denuncias presentadas por la Ciudadanía cuando se detecte el mal uso de recursos públicos o el incorrecto actuar de los servidores públicos responsables de aplicar los programas y obras de desarrollo social.